¿Qué ocurrió exactamente?
Según un informe publicado por CIPER Chile el 3 de junio de 2025, el Juez Ulloa tomó decisiones en ocho expedientes diferentes mientras mantenía una relación profesional con el abogado Donoso, quien representaba a partes involucradas en esos mismos procesos. La normativa judicial chilena obliga a los jueces a declarar cualquier vínculo que pueda afectar su imparcialidad, pero en este caso la información nunca llegó a los registros oficiales.
Los ocho casos abarcan distintas materias: dos litigios civiles sobre contratos de obra pública, uno de familia relativo a la custodia de menores, dos penales por presuntos delitos financieros y tres administrativos que involucraban licitaciones estatales. En cada uno de ellos, Donoso había presentado escritos, realizado alegatos o incluso asistido a audiencias ante el mismo magistrado.
Repercusiones y respuestas institucionales
La revelación ha generado una ola de críticas entre juristas, activistas y la ciudadanía. Varios colegios de abogados han solicitado la apertura de una investigación formal por posible violación del Código de Ética Judicial. Por su parte, la Corte Suprema ha anunciado que revisará los protocolos de recusación para evitar situaciones similares en el futuro.
En el ámbito político, partidos de oposición han exigido la dimisión del magistrado y la creación de un registro público de conflictos de interés. Mientras tanto, el propio Juez Ulloa, a través de un comunicado, sostiene que su relación con Donoso era estrictamente profesional y que no influyó en sus decisiones.
Los medios de comunicación, incluida Radio ADN, han dado amplio espacio al debate, invitando a expertos en derecho constitucional y ética judicial a opinar sobre la necesidad de reforzar la transparencia en el Poder Judicial.
Ante la presión social, el Consejo de la Judicatura ha prometido presentar un informe preliminar en los próximos 30 días, que incluirá recomendaciones para mejorar la divulgación de relaciones personales y profesionales de los magistrados.
- Impacto en la credibilidad del sistema judicial.
- Posibles sanciones disciplinarias para el juez.
- Reforma de los mecanismos de recusación y registro de conflictos.
- Mayor vigilancia de la prensa y la sociedad civil.