Qué dice la Constitución de Texas y cómo llega Abbott a 2026
En Texas no hay límites de mandato para la gobernación. Eso coloca al estado fuera de la norma que rige en buena parte del país y abre la puerta a que Greg Abbott opte a un cuarto periodo en 2026. Legalmente no tiene ningún obstáculo. Políticamente, la historia reciente le acompaña: los republicanos encadenan tres décadas en la mansión del gobernador (desde 1995), y los demócratas no ganan esa oficina desde 1990.
Abbott, en el cargo desde 2015, llega al nuevo ciclo con una aprobación del 44%. No es un número exuberante, pero sí estable y ligeramente mejor que a estas alturas del ciclo anterior, según señalan encuestas internas y sondeos públicos recientes. Le alcanza para ser competitivo en cualquier primaria y seguir como favorito en un estado donde su partido mantiene sólidos márgenes fuera de los grandes centros urbanos.
El contexto importa. En 2022 derrotó a Beto O’Rourke con comodidad de dos dígitos, después de una campaña centrada en seguridad fronteriza, impuestos a la propiedad y energía. Desde entonces, el gobernador ha apostado por reforzar su marca en esos frentes: operación de seguridad en la frontera, alivio fiscal a los propietarios e intentos de reordenar el sistema eléctrico tras la crisis de 2021. Esos ejes movilizan a su base, pero también abren flancos con votantes moderados de suburbios, especialmente cuando entran en juego medidas percibidas como excesivas.
Ahí aparece un punto delicado: las restricciones a productos con THC impulsadas por el vicegobernador Dan Patrick y aprobadas por la Legislatura. La mano dura con el cannabis no médico gusta a una parte del electorado republicano, pero es impopular en áreas urbanas y entre jóvenes, y los demócratas creen que puede convertirse en un catalizador de voto en 2026 si se coloca en el centro del debate cultural y económico (pequeños negocios, libertad individual y aplicación desigual).
En paralelo, la infraestructura energética sigue bajo escrutinio. El gobierno estatal presume reformas en el mercado eléctrico para prevenir apagones y reforzar la generación térmica, pero los consumidores no han olvidado las facturas abultadas ni la fragilidad expuesta en inviernos recientes. En un ciclo largo como el de 2026, cualquier episodio de clima extremo o tensión en la red puede reordenar prioridades de los votantes, sobre todo entre independientes.
Otro vector es la educación. Abbott empujó un plan de vales escolares que acabó encallado por la resistencia de un grupo de republicanos rurales aliados con demócratas en la Cámara de Representantes. El tema no está cerrado y puede volver a la agenda, con potencial de provocar primarias internas y efectos cruzados en la participación.
En el terreno financiero, el gobernador suele jugar con ventaja. Su red de donantes statewide y nacionales le ha permitido competir con decenas de millones de dólares en ciclos anteriores, financiar anuncios en todos los mercados del estado y apuntalar el mensaje con apariciones regulares en medios afines. No es un seguro absoluto, pero le asegura músculo para una campaña larga y cara en un territorio inmenso.
Calendario en mano, el laberinto texano es claro: primarias a comienzos de primavera de 2026, posibles segundas vueltas si nadie cruza el 50%, y comicios generales el 3 de noviembre. Con margen para que cambie el clima nacional, el gobernador necesita mantener cohesionada a la derecha, contener deserciones en suburbios y evitar que la conversación gire a asuntos donde su coalición es menos uniforme.
El tablero electoral: primarias, rivales demócratas y factores de riesgo
¿Habrá pelea en casa? La respuesta corta es sí, al menos en lo formal. En el lado republicano ya se mueven nombres que buscan espacio en la primaria: Bobby Cole y “Doc” Pete Chambers han hecho pública su intención de competir. Son candidaturas que presionan por la derecha, capitalizan malestares localizados y esperan pescar en río revuelto si surge algún tropiezo del incumbente. El peso del cargo y la maquinaria de Abbott siguen siendo una barrera alta, pero obligan al gobernador a trabajar el terreno, debatir y pisar condados que a veces solo ven al titular cada cuatro años.
La lógica de las primarias texanas añade tensión: si ningún aspirante logra más del 50% en marzo, hay segunda vuelta. Ese mes extra es una eternidad si se acumulan anuncios negativos, gaffes o sorpresas legales. Los equipos que se preparan para un sprint pueden verse atrapados en una maratón que desgasta caja y narrativa, justo antes de encarar el verano de convenciones y el otoño decisivo.
En el campo demócrata, el tablero es más abierto. Ben Flores, Nick Pappas y Meagan Tehseldar han dado el paso o lo sopesan, y el partido trabaja para presentar una boleta coherente a nivel estatal: gobernador, vicegobernador, fiscal general, comisionados… La idea es sencilla y ambiciosa: construir un efecto acumulativo de nombres competitivos que empujen el voto en todas las regiones y no depender de una única figura. No es menor que la representante estatal Vikki Goodwin haya anunciado que deja su escaño seguro en Austin para competir por la vicegobernación frente a Dan Patrick, un poderoso recaudador con más de 33 millones de dólares en caja. Esa carrera, gane quien gane, puede reordenar mensajes y alianzas dentro del mapa demócrata.
Los consultores demócratas hablan de «menos viento en contra» que en ciclos anteriores. ¿Exageración? Parte y parte. Texas se ha movido algunos puntos hacia la competitividad en áreas metropolitanas: condados como Tarrant (Fort Worth) son más reñidos que hace una década, y en Houston y Dallas los márgenes urbanos ayudan a sus candidatos. Pero el contrapeso rural y exurbano sigue siendo amplio, y los republicanos mantienen ventaja estructural en participación en elecciones de medio término, como será 2026.
Las casas especializadas refuerzan esa cautela. Cook Political Report, Inside Elections y Sabato’s Crystal Ball clasifican hoy la contienda por la gobernación como “Solid R” o “Safe R”. En jerga de pronosticadores, significa que, con lo que sabemos ahora, los republicanos son claros favoritos. Para mover esa etiqueta se necesitan giros visibles: un deterioro marcado de la economía local, escándalos que abracen al incumbente o una ola nacional adversa al partido en el poder estatal. Posible, sí; probable, todavía no.
¿Dónde podrían los demócratas rascar puntos? Tres frentes: suburbios, voto joven y comunidades latinas. En los suburbios del I-35 (Austin-San Antonio) y del I-45 (Houston) la sensibilidad a impuestos, educación y libertades civiles ha aumentado. El electorado más joven castiga restricciones a THC y políticas percibidas como intrusivas, y responde bien a mensajes de vivienda asequible y transporte. El voto latino es más heterogéneo de lo que cuentan los clichés: mientras en el Valle del Río Grande los republicanos han avanzado con un discurso de seguridad y trabajo, en áreas urbanas con latinos de segunda y tercera generación el énfasis en derechos reproductivos y oportunidades educativas pesa más. La clave no es el idioma, sino la segmentación fina de prioridades.
Hablando de derechos reproductivos, la legislación posterior a Dobbs dejó a Texas con una de las normas más restrictivas del país. En 2022 ese tema energizó a votantes demócratas y a independientes, sobre todo mujeres, pero no fue suficiente para cambiar el resultado estatal. En 2026 seguirá en el menú, y cualquier caso judicial de alto perfil o historia mediática puede reactivar pasiones. El equipo de Abbott, por su parte, procurará que la conversación pivote a seguridad, impuestos y crecimiento económico, donde se siente más cómodo.
La seguridad fronteriza será otra capa central. Texas ha invertido recursos estatales en barreras, despliegue de la Guardia y acuerdos con otros estados. Esa narrativa da réditos en condados lejanos a la frontera, y es un cemento útil para unir a la coalición conservadora. El riesgo: imágenes polémicas o litigios que retraten la política como excesiva o ineficaz. Demócratas y grupos civiles aprovecharán cualquier fisura para empujar el argumento de costos altos y resultados modestos.
La economía, siempre, manda. El estado presume de crecimiento, empleo y llegada de empresas, pero convive con facturas de vivienda y seguros al alza. El alivio a los impuestos a la propiedad ha sido bandera republicana, aunque su efecto se diluye si el valor catastral sube y los servicios locales siguen caros. Una campaña demócrata hábil no atacará el concepto del alivio fiscal, sino su “letra pequeña”: a quién beneficia, cuánto dura y qué deja fuera. El oficialismo, a su vez, se apoyará en cifras de inversiones, salarios y relocalizaciones como prueba de gestión.
El contencioso del THC condensa esa disputa cultural y económica. Para los promotores de la restricción, se trata de salud pública y orden. Para quienes la critican, es un golpe a pequeños negocios, una intromisión en decisiones privadas y un incentivo al mercado informal. En el campo de batalla electoral, importa menos la química y más la historia que logre imponerse en patios, radios locales y redes vecinales. Si el tema se calienta, habrá sheriffs, médicos, dueños de vape shops y pastores dando testimonio en anuncios. Ahí se decide cómo se lee una política pública: ¿protección o sobrerreacción?
Mirando dentro del Partido Republicano, el vicegobernador Dan Patrick seguirá siendo actor clave. Controla con mano firme el Senado estatal, maneja agenda y presupuesto, y tiene la chequera más abultada entre los líderes conservadores. La eventual candidatura de Vikki Goodwin para plantarle cara puede no cambiar el desenlace inmediato, pero sí forzar a Patrick a hacer campaña en plazas donde normalmente no invierte tiempo, y eso arrastra a todo el ticket. Si la oposición convierte la carrera por la vicegobernación en referéndum sobre el rumbo social del estado, el gobernador deberá sincronizar mensajes para evitar desajustes en la música general de la campaña republicana.
El clima nacional siempre termina colándose. En mitad del ciclo presidencial, el partido del presidente suele sufrir —2006 y 2018 son recuerdo reciente—, aunque 2022 dejó una excepción. En 2026, lo que ocurra en Washington marcará ánimo, bolsillo y atención mediática en Texas: economía, migración, seguridad y la eterna pelea por competencias entre estados y federación. Los demócratas aspiran a beneficiarse de cualquier desgaste de la Casa Blanca; los republicanos confían en que la identidad roja del estado amortigüe esas olas.
En las campañas modernas el dinero habla, pero la organización decide. Texas es caro, vasto y diverso. Ganar exige microsegmentar mensajes para Houston, El Paso, Lubbock y McAllen, al mismo tiempo que se mantiene un relato estatal coherente. Hace falta reclutar voluntarios bilingües, invertir en WhatsApp en barrios latinos, radio country en comarcas rurales y vallas en las circunvalaciones de Dallas. Aquí Abbott cuenta con una ventaja de infraestructura y datos acumulada durante tres ciclos; la pregunta es si los demócratas, con nuevas caras y menos recursos, logran compensarlo con energía y coordinación.
Quedan, además, asuntos procedimentales que moldean el tablero. En Texas, las reglas de segunda vuelta en primarias pueden prolongar peleas fratricidas. Las fechas de registro y los informes de financiación en el último trimestre de 2025 darán primeras pistas de quién tiene estructura real. Y en un ciclo largo, los imprevistos pesan: una sesión legislativa bronca, una investigación que avance, una crisis climática o un caso judicial de alto voltaje pueden partir la agenda en dos.
Con todo, el punto de partida está claro. Abbott puede presentarse y lo hará desde la posición de favorito. Los republicanos conservan ventaja estructural y los pronósticos les dan el beneficio de la duda. Los demócratas, más animados que en ciclos recientes, buscan llenar el cartel con candidaturas que se sumen y no se estorben. Entre medias, asuntos concretos —energía, impuestos, THC, educación— dirán cuánta gente se anima a votar y con qué ánimo llega a la urna.
Qué mirar en los próximos meses: si la primaria republicana se encona o queda en ruido de fondo; si los demócratas cierran filas detrás de una figura competitiva o se dispersan; cómo evoluciona la aprobación de Abbott respecto a la marca del partido; y si el debate sobre THC prende fuera de Twitter y foros activistas. La fecha, por ahora, no se mueve: 3 de noviembre de 2026. Todo lo demás, sí.